WEBINAR ON IMF-WB AND FORCED MIGRATION
El 3 de octubre, miembros de la Alianza Internacional de Migrantes (IMA) organizaron un seminario web para examinar cómo las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial agravan directamente la pobreza mundial e impulsan la migración forzada.
El evento contó con las perspectivas de expertos y organizadores de base, entre ellos Manuel Hidalgo, de MIREDES y del Comité Ejecutivo de la IMA; el Dr. Víctor Abel Niquinga Ruiz, de CADHU; y Josie Pingkihan, en representación de Migrante International. También participaron Antonio Arizaga, del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos y del Cuerpo Coordinador Internacional (ICB) de la IMA, así como Done Denina, de la Campaña Global de los Pueblos contra el FMI y el Banco Mundial. En conjunto, los ponentes detallaron cómo las instituciones financieras internacionales imponen políticas neoliberales que desestabilizan sistemáticamente a las comunidades de la clase trabajadora en todo el Sur Global.
Las abruptas subidas de las tasas de interés en Estados Unidos durante la década de 1980 desencadenaron una grave crisis de deuda en toda América Latina, abriendo el camino para una intervención estructural agresiva por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) se convirtieron en el principal mecanismo de presión económica. Para obtener préstamos esenciales, los gobiernos receptores fueron coaccionados para implementar rápidamente la privatización, la desregulación, los recortes del gasto público y la flexibilización laboral. Estas medidas debilitaron profundamente las redes locales de protección social y transformaron las economías de la región. Sus devastadoras consecuencias pronto se extendieron más allá de América Latina, contribuyendo a desencadenar las crisis financieras de México y Asia en la década de 1990. Hoy, en 2026, las obligaciones de la deuda siguen drenando los presupuestos nacionales: se prevé que Paraguay destine el 40 % de sus ingresos tributarios al servicio de la deuda, frente al 18 % en Perú y el 30 % en Ecuador, lo que reduce drásticamente los recursos disponibles para los programas públicos de salud y educación.
En respuesta a estas presiones destructivas, surgió una resistencia generalizada en toda la región. A comienzos de la década de 2000, los movimientos populares de países como Argentina y Brasil se enfrentaron al control financiero extranjero y exigieron soberanía económica. Sin embargo, a partir de 2015, una contraofensiva política volvió a imponer estrictas medidas de austeridad, aceleró la devaluación de las monedas y fortaleció a las élites políticas autoritarias alineadas con los intereses de las corporaciones extranjeras.
Los ponentes destacaron que las ramas del sector privado del FMI y el Banco Mundial, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), canalizan inversiones específicas a través de paraísos fiscales en el extranjero, lo que permite extraer riqueza de los países en desarrollo. Además, las estrictas condiciones de los préstamos entran directamente en conflicto con las obligaciones de los Estados de proteger los derechos a la salud, la educación y el trabajo, establecidos en los marcos internacionales de derechos humanos. Al socavar los derechos a la negociación colectiva y debilitar las normas laborales, estas políticas abren el camino a proyectos agresivos de extracción de recursos que desplazan por la fuerza a las poblaciones indígenas y rurales, al tiempo que aceleran el deterioro ambiental.
La desregulación agrícola y la liberalización comercial promovidas por el FMI y el Banco Mundial debilitan gravemente la producción local de alimentos, al obligar a los pequeños agricultores a competir con productos importados del extranjero que reciben cuantiosos subsidios. Al mismo tiempo, la privatización de servicios públicos esenciales, como el agua y la electricidad, eleva el costo de vida básico hasta niveles inalcanzables para muchas familias.
A medida que disminuyen las oportunidades de empleo en sus propios países y caen drásticamente los salarios reales, los trabajadores se ven sometidos a una intensa presión económica que los obliga a buscar trabajo en el extranjero. En lugar de abordar los problemas estructurales de fondo de la economía, los gobiernos y las agencias de contratación explotan los mecanismos de exportación de mano de obra para generar ingresos esenciales mediante las remesas de los trabajadores migrantes, mientras estos se enfrentan a graves riesgos de servidumbre por deudas, trata de personas y abusos laborales.
Por último, los organismos financieros internacionales participan activamente en la captación de beneficios de esta economía de remesas en expansión mediante iniciativas como el Foro Global sobre Remesas, Inversión y Desarrollo (GFRID) de las Naciones Unidas, tratando a los trabajadores desplazados como mercancías comerciales en lugar de reconocerlos como seres humanos que buscan seguridad y dignidad económica.
*Traducido mediante inteligencia artificial
